Política de Recursos - Contratos de Remuneración por Desempeño

En nuestro país existe el Plan de Política Energética Uruguay 2030 aprobado por el Poder Ejecutivo en el año 2008, y ratificado por la Comisión Multipartidaria de Energía del Parlamento en el año 2010. Su objetivo principal es la satisfacción de todas las necesidades energéticas nacionales, a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad al país, a cuyos efectos se promueven, entre otros, hábitos saludables de consumo, políticas sustentables en lo económico, así como en lo medioambiental. En este marco, la Ley 18.834, en su artículo 59, creó los contratos remunerados por desempeño, básicamente su finalidad es obtener ahorros de energía primaria a través de la implantación de mejoras de la eficiencia energética de las instalaciones o de utilización de fuentes de energía renovable, el proyecto se paga con el ahorro generado. Estos contratos de remuneración por desempeño en el ámbito energético se encuentran previstos para los incisos de la del Presupuesto Nacional (así lo establece el artículo 59), ahora bien, en ese sentido entiendo que se puede sugerir seguir esta misma tipología, trasladándola al ámbito del agua y saneamiento, gestión de residuos, incluso, promoviendo que las empresas del ámbito de los residuos promuevan el reciclaje mediante exoneraciones en la instalación de plantas destinadas a ese fin, lo que se compensaría con el ahorro en el manejo de los residuos. También podría trasladarse al ámbito de la salud, incentivando a las instituciones a establecer políticas de este tipo mediante exoneraciones. De esta forma, se deberían proyectar posibles acuerdos, con las mismas características -o similares- a los contratos de ahorro por desempeño, pero destinados al ahorro de agua, la gestión de recursos e, incluso, publicitar como corresponde los contratos de remuneración en el ámbito energético que, según mi limitado conocimiento, no son realmente populares y que, de aplicarse, posibilitarían la eficiencia energética a nivel de la Administración Pública. Lo mismo podría ocurrir en el ámbito privado, otorgando beneficios a los particulares que cumplan con la gestión de residuos, el ahorro de agua y demás. Lo anterior quizás, en el ámbito público, no permita visualizar cual es el beneficio para la Administración, máxime si otorga un beneficio al particular (que puede tratarse de una exención tributaria por ejemplo) para "motivar" esa gestión y/o ahorro pero, al final redunda en un beneficio general para el Estado, también a nivel de costos, ya que la gestión de residuos tiene un costo elevado ya sea a nivel de vertederos, costos ambientales y, por consiguiente, en temas sanitarios, económicos, de producción, entre otros. Seguramente sea necesario realizar un análisis de viabilidad, beneficios, incluso de aplicación, pero parecería que las necesidades actuales se dirigen en esa línea, incluso, hasta podría plantear compensaciones tributarias vía el pago de impuestos por aquellas empresas, particulares y demás que no con esos objetivos. La misma línea podría transitarse en la política de tabaco ya iniciada por nuestro país, y que sería bueno visualice los costos -económicos, ambientales, turísticos y demás- asociados a la enorme cantidad de filtros de cigarrillo que son arrojados a la vía pública y/o en diferentes ámbitos.